Una medida acertada que requiere nuevos pasos
Por Rogelio Gutiérrez, socio de Tax & Legal Deloitte Perú.
La prórroga de la devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) y del Impuesto de Promoción Municipal a la exploración minera y de hidrocarburos es una clara muestra por incentivar y fomentar estas actividades.
A través de un Decreto de Urgencia se extendió este beneficio hasta el 31 de diciembre del 2022, además se precisa que la SUNAT publicará anualmente en su portal institucional la relación de los sujetos beneficiarios de la devolución de impuestos referidos, así como los montos de devolución para cada beneficiario.
Es importante destacar que esta extensión reconoce las actividades de exploración como de algo riesgo y con un papel fundamental en la ejecución y desarrollo de nuevos proyectos, así como en la generación de mayores inversiones y puestos de trabajo.
Si bien la medida es importante y envía un mensaje positivo a los inversionistas, resulta aún insuficiente y debe considerarse con uno de varios aspectos, a los cuales prestarle atención para brindar mayor dinamismo al sector minero y de hidrocarburos.
Uno de esos aspectos es definitivamente el de los plazos excesivos para lograr una concesión minera o un permiso de exploración. Según el Índice de Competitividad Minera, elaborado por Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), los plazos legales en el Perú son los que más demoran en ser aprobados en el mundo.
Esta situación contrasta con otros países competidores en el rubro minero como Canadá, Australia, Chile, Sudáfrica y Colombia.
Asimismo, también es preciso destacar que el decreto de urgencia es el que hace referencia a la modificación del artículo 84 de la Ley General de Minería, que permite al titular de la actividad minera, como parte del contrato, llevar la contabilidad en dólares en Estados Unidos, sujeto a ciertos requisitos que establece el decreto.
A través de esta modificación, las empresas que acceden a contratos de estabilidad tributaria podrán llevar su contabilidad en dólares, lo cual no se podía realizar por algunas deficiencias técnicas en la legislación.
De esta forma, se generará un mayor orden para las empresas en su contabilidad para presentarse ante el Estado y se permitirá compensar costos previos al inicio del proyecto y, además, un mayor número de empresas se interesarán en la firma de convenios con el Estado.
Estas importantes medidas deben sumarse a una mayor institucionalidad y la promoción de la competitividad, tanto en el sector minero como de hidrocarburos.