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El rol de los gobiernos subnacionales frente a la lucha contra la trata de personas en contextos de minería informal - Piura y Madre de Dios

El rol de los gobiernos subnacionales frente a la lucha contra la trata

de personas en contextos de minería informal - Piura y Madre de Dios

 

El fenómeno de la trata de personas en el contexto de pandemia persiste con un incremento de los factores de vulnerabilidad y el aumento del uso de mecanismos digitales. Uno de los contextos más propicios para su desarrollo en el Perú son los territorios con minería informal. Por ello, se propone su atención con una política regional orientada al fortalecimiento de la gestión institucional y de la prevención.

 

En la siguiente entrevista, Omayra Peña, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos y socia de CIES, nos comenta sobre el rol de los gobiernos locales en la lucha contra la trata de personas y la minería ilegal.

 

  • ¿Qué implica la trata de personas y por qué es importante?

La trata de personas es un delito de urgente atención, puesto que atenta contra los derechos humanos, especialmente de las niñas, mujeres y adolescentes. Se vincula con factores multidimensionales, desde las características de habitabilidad, el acceso a la educación y a la salud, hasta el desarrollo socioemocional y psicológico de quienes se convierten en víctimas y de los que ejercen como victimarios. Este fenómeno se mantiene e innova en su despliegue debido a cuestiones que vienen siendo desatendidas, como las exclusiones por clase social, el origen territorial, la discriminación étnica y por género. Además, la trata de personas y la explotación que surge de ella involucran a múltiples actores y una serie de delitos conexos.

 

  • ¿Cuáles son sus características actuales en América Latina y en el Perú?

En Sudamérica, 9 de cada 10 víctimas provienen de la trata interna. Esto hace necesario que los países intensifiquen esfuerzos para conocer las características del problema en sus territorios y construyan medidas apropiadas. De esta manera, se pueden posteriormente articular estrategias regionales. Actualmente, con el COVID19, se han agudizado los factores de vulnerabilidad de las víctimas y se ha intensificado el uso de medios digitales para este delito, lo que genera nuevos desafíos para frenar su reproducción. Además, un rasgo fundamental en nuestro país es que los contextos más propicios son territorios con una mayor actividad extractiva. Alrededor de estos se conforman economías ilícitas que terminan siendo albergues de trata. Y esto se debe al alto desplazamiento migratorio, el movimiento económico considerable que se genera, los límites difusos entre lo formal, informal e ilegal y la ausencia de intervención institucional en varias áreas del territorio nacional.

 

  • ¿Cuáles son los principales aspectos por atender?

En el documento que hemos elaborado proponemos una política regional de atención al delito, considerando que los gobiernos regionales, provinciales y distritales son los que inciden directamente en los territorios. Las dos dimensiones más urgentes por atender son el fortalecimiento institucional y la prevención. Esto implica transversalizar el enfoque de género y de derechos humanos en la gestión local, mejorar la articulación territorial entre las regiones a través de macrozonas, potenciar la articulación dentro y entre los sectores del Estado, promover la participación ciudadana y la vigilancia comunitaria y desarrollar alianzas estratégicas entre las instituciones públicas con la sociedad civil, la academia y la cooperación internacional

 

Conoce más del estudio" Rol de gobiernos regionales y locales frente a la lucha contra la trata de personas en contextos de minería informal. Piura y Madre de Dios", en el siguiente enlace:
https://cies.org.pe/es/investigaciones/rol-de-gobiernos-regionales-y-locales-frente-la-lucha-contra-la-trata.